Categoría: Revistas académicas

La Suprema Corte mexicana y la construcción de su legitimidad

¿Cómo se legitima una corte constitucional? ¿Cuáles son los aspectos que sirven para apuntalar la confianza de la ciudadanía en los jueces constitucionales? ¿Qué estrategias puede implementar un órgano de este tipo para mejorar la percepción que tienen de él el resto de los poderes estatales? Estas son algunas de las preguntas que giran en torno a un tema medular de la justicia constitucional: la legitimidad. Su relevancia reside en que la legitimidad es precisamente, en buena medida, el sustrato de un tribunal constitucional para cumplir con su tarea de interpretar de manera sistemática a la Constitución. Lo cual implica limar contradicciones normativas, armonizar regulaciones aparentemente disímiles, así como enriquecer disposiciones mediante creativas lecturas de las mismas. Y todo esto, persiguiendo siempre dos grandes objetivos: destrabar de la mejor manera los conflictos políticos, así como expandir lo más posible el perímetro de libertad de los individuos. Esto ha dado como resultado que hoy en día, en las democracias contemporáneas, los tribunales constitucionales se han erigido en el árbitro último de los conflictos institucionales y en el gran definidor de los valores de una sociedad.


El derecho comparado o la conversación constitucional

En los últimos años, el uso del derecho constitucional comparado -en adelante DCC- en la interpretación jurisdiccional ha generado uno de los debates más fructíferos en la arena constitucional; participando de manera directa y activa, no sólo estudiosos del derecho y de la ciencia política, sino también jueces constitucionales de diversos y disímiles países del mundo. No es para menos: en el fondo, el tema apunta a preguntas medulares: ¿Cuál debe ser el método de interpretación de los jueces constitucionales? ¿A partir de qué ingredientes debe nutrirse este ejercicio interpretativo? ¿Es posible aprovechar experiencias jurisdiccionales extranjeras, a pesar de las diferencias sociales, culturales y políticas? ¿Son fundados los riesgos que se arguyen en contra del derecho comparado? ¿Estamos, efectivamente, ante un proceso de globalización o cosmopolitismo de la jurisdicción constitucional?


Pensar los medios de comunicación

Los medios de comunicación electrónicos se ubican en el centro de la discusión pública. El tema, desde hace algunos años, rebota en las cámaras del Congreso de la Unión, salta a la Suprema Corte de Justicia, circula por los vericuetos de la administración pública federal, aterriza en el Instituto Federal Electoral y nutre un constante peloteo de opiniones en la prensa escrita y la academia. Este especial interés en el escenario mediático no debe extrañarnos: los medios son una de las asignaturas pendientes del proceso de consolidación democrática del país. Lo que sí debemos preguntarnos, en cambio, es si las coordenadas que han venido definiendo este debate son las adecuadas para lograr un entramado mediático democrático. La misma relevancia de los medios para la vida del país exige no avanzar sin una brújula bien equilibraba: ¿Cuál es el problema más grave, y en este sentido la prioridad de rediseño institucional, de los medios? ¿Qué tan provechosas han sido las soluciones que hasta el momento se han impulsado? ¿Se han exprimido las lecciones de la transición de unos medios sometidos a los caprichos de la oficina presidencial a otros que gozan de una evidente autonomía?


Democracia y medios de comunicación

El presente ensayo aborda el problema de la concentración mediática en las democracias contemporáneas. Se trata de un estudio que brota a partir de una inquietud central: cómo controlar el poder privado de los medios de comunicación, sin mermar el conjunto de libertades del sistema de expresión e información. En este sentido, inserto en la tradición liberal, el texto analiza la tensión entre autonomía y control, la relación entre Estado y libertad, así como las características de los derechos que giran alrededor de la concentración mediática: libertad de expresión, derecho a la información y libertad de propiedad. En última instancia, con un pie en el ámbito teórico y el otro en ciertas resoluciones de tribunales constitucionales, el ensayo busca esbozar algunos criterios constitucionales mínimos que coadyuven a la construcción de un escenario mediático plural.